LA MADRE DE TODAS LAS CALUMNIAS: EL TROOPERGATE (VIII)


 

La investigación Branchflower

La investigación del Troopergate llevada a cabo por el Alaska Attorney General (fiscal general de Alaska), Talis Colberg, a instancias de Sarah concluyó el 13 de agosto de 2008, cuando éste entregó su informe descartando la existencia de cualquier tipo de abuso de poder por parte de la gobernadora en la destitución del comisionado Monegan. Sin embargo, estaba claro que semejantes conclusiones estaban lejos de satisfacer a los demócratas, quienes, gracias a que ostentaban la presidencia del Alaska Legislative Council (Consejo Legislativo de Alaska), ocupada por el senador demócrata Kim Elton, así como la dirección de la investigación propiamente dicha (supervisada por el senador también demócrata Hollis French), no estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad de cebarse en Sarah.

El 11 de agosto de 2008, Branchflower inició su investigación (que, recordemos, estaba limitada a un tiempo máximo de 3 meses, debiendo haber concluido el 31 de octubre) y dado que tal y como establece la ley, el Alaska Attorney General (fiscal general de Alaska), Talis Colberg, no podía representar a la gobernadora a causa de su vinculación previa en el caso, Sarah tuvo que contratar los servicios de un abogado particular, Thomas V. Van Flein del bufete Clapp, Peterson, Van Flein, Tiemessen & Thorsness de Anchorage (Alaska), cuyos gastos serían costeados por el Estado de Alaska, tal y como establece también la ley. Van Flein comienza su trabajo el 21 de agosto.

El abogado de Sarah. Desde entonces ha defendido a ésta contra todo tipo de acusaciones.

No tardaron en empezar a surgir calumnias en el sentido de que el Estado de Alaska no tenía en absoluto la obligación de pagar el abogado de Sarah, lo cual es falso ya que sí que tiene esa obligación cuando por el motivo que fuere el Alaska Attorney General (fiscal general de Alaska) no  puede defender a la gobernadora. Es más, Sarah tenía derecho a un total de 95.000$ con cargo a los Presupuestos del Estado de Alaska para sufragar los costes de su defensa legal, dinero asignado para tal fin por los propios legisladores encargados de la investigación que, por otra lado, se asignaron a sí mismos otra partida de 100.00$ para ello (gastándose finalmente 75.000$). De todas formas, la controversia a este respecto apenas duró porque el 17 de septiembre Van Flein informó públicamente que había concluido su contrato con el Estado de Alaska y que a partir de ese mismo día iba a representar a los Palin (a Sarah y a Todd) particularmente y sin que fuera a pasar ninguna minuta a nombre del Estado de Alaska por los servicios prestados desde que fue contratado en agosto. Sarah pensaba que al tratarse de unas acusaciones sin más justificación que la más vil politiquería, los ciudadanos de Alaska no tenían porqué pagarle su defensa y renunció a esos fondos a su disposición. Que se trataba efectivamente de una mera maniobra política quedó confirmado poco después cuando se enteró a través de la CNN que los asesores electorales del entonces candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos habían entrado en contacto con el PSEA, el sindicado de los troopers para obtener información sobre el Troopergate. Poco más tarde, cuando Sarah fue nominada como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos formando ticket con John McCain, al tratarse entonces de un asunto que afectaba directamente a la campaña electoral, Van Flein pasó a ser contratado por el Partido Republicano y pagado por ellos.

Pronto se les ve el plumero a los demócratas. Después de la sorpresa general que supuso la nominación de Sarah, Hollis French, el senador estatal demócrata que manejaba los hilos de la investigación Branchflower, vio su oportunidad de prestar un buen servicio al candidato de su partido y no tuvo el más mínimo empacho en declarar el 2 de septiembre, sin que la investigación hubiese concluido siquiera, que los resultados de ésta:

It’s likely to be damaging to the Governor’s administration. (…) She has a credibility problem. (…) Now they may have to deal with an “October surprise”.

(Es probable que sea perjudicial para la administración de la gobernadora. (…) Ella tiene un problema de credibilidad. (…) Ahora podrían tener que vérselas con una “sorpresa de octubre”).

Lo de la “October surprise” (“sorpresa de octubre”) se refiere, para quienes no entiendan la referencia, a la costumbre de que aparezcan noticias sorprendentes sobre uno u otro candidato en el último tramo de la campaña electoral.

Fue tan descarada esa presunción que el senador estatal republicano John Coghill presentó una moción exigiendo que French fuera relevado de su puesto como supervisor de la investigación Branchflower y sugiriendo que, dadas las circunstancias (la candidatura de Sarah a la vicepresidencia de los Estados Unidos), lo mejor sería cancelarla del todo. La moción no fue aprobada, pero al menos French tuvo que retractarse públicamente:

I made some remarks I should not have made. The point to remember is I’m not doing the investigation; Steven Branchflower is. He is independently gathering the facts and he will issue the report, which he will have to defend.

(Hice algunos comentarios que no debería haber hecho. Lo que debe recordarse es que no soy yo quien hace la investigación, sino Steven Branchflower. Él es quien está recopilando datos de manera independiente y quien hará entrega de su informe, que deberá defender).

Aún habría quién se la creyera, digo yo. Especialmente la última frase.

Por lo que se refiere a la investigación  en sí, los problemas surgieron a raíz de la intención del Alaska Legislative Council (Consejo Legislativo de Alaska) de enfocar el asunto como una investigación sobre lo ético de la actuación de Sarah. Cuando ésta se enteró de ello, replicó con toda razón que para dirimir cuestiones éticas en la actuación de los miembros del gobierno o de la administración de Alaska ya existe un órgano específico para ello, la State Personnel Board (Junta de Personal del Estado). De pronto, se plantea un grave problema de jurisdicción al no ponerse de acuerdo las dos partes sobre qué órgano es el competente para hacerse cargo de la investigación. El abogado de Sarah, Van Flein, pidió oficialmente al Alaska Legislative Council (Consejo Legislativo de Alaska) el 1 de septiembre que dejase la investigación y la remitiera al State Personnel Board (Junta de Personal del Estado), que es el órgano competente en asuntos de ética. Y no sólo eso, sino que ese mismo día, la propia Sarah presentó una demanda contra sí misma ante el State Personnel Board  (Junta de Personal del Estado) para que investigase su actuación. Para quien quiera más información, puede consultar aquí la demanda presentada por Sarah. Por si fuera poco, al día siguiente, el 2 de septiembre, Van Flein escribió a Branchflower advirtiéndole que:

It appears that the [State Personnel] Board has jurisdiction over this matter… [therefore you should] suspend your investigation pending the outcome of the Personnel Board investigation.

(Parece que la Junta [de Personal del Estado] tiene jurisdicción sobre este asunto… [por lo tanto debería] suspender su investigación a la espera del resultado de la investigación de la Junta de Personal).

Tanto el Alaska Legislative Council (Consejo Legislativo de Alaska) como Branchflower se niegan en redondo a ceder el caso y ésta último, además, hace algunas declaraciones rimbombantes en el sentido de que volará a donde haga falta para tomar declaración a Sarah (que, recordemos, en aquel entonces estaba en plena campaña electoral). El caso se enconó cuando del 12 de septiembre, la comisión de investigación constituida en el seno del Alaska Legislative Council (Consejo Legislativo de Alaska) llamó a declarar a trece testigos de los hechos, a saber:

  • Todd Palin, marido de la gobernadora.
  • Ivy Frye, special assistant to the Governor (ayudante especial de la gobernadora).
  • Randy Ruaro, Governor’s deputy chief of Staff (vicejefe de Gabinete de la gobernadora).
  • Frank Bailey, Governor’s Director of Boards and Commissions (director de Consejos y Comisiones de la Gobernadora).
  • John Bitney, Alaska Legislative director (director legislativo de Alaska).
  • Annette Kreitzer, Alaska Administration Commissioner (comisionada de Administración de Alaska).
  • Diane Kiesel, deputy director (subdirectora) del Personnel and Labor Relations Department (Departamento de Personal y Relaciones Laborales).
  • Nicki Neal, director (directora) del Personnel Division (División de Personal).
  • Brad Thompson, Risk Management director (director de Gestión de Riesgos).
  • Michael Nizich, Governor’s acting chief of Staff (jefe de Gabinete de la Gobernadora en funciones).
  • Kris Perry, director (director) de la Governor’s Anchorage Office (director de la Oficina de la gobernadora en Anchorage).
  • Janice Mason, Governor’s Scheduler and Executive Secretary (secretaria ejecutiva de la gobernadora).
  • Murlene Wilkes, propietaria de Harbor Adjusting Services, una compañía de revisiones médicas ligada a diversas compañías de seguros.

Además, la comisión reclamó la transcripción de la ya famosa conversación telefónica entre Frank Bailey y el teniente Dial.

Al día siguiente, 13 de septiembre, Sarah hizo unas declaraciones insistiendo en que no era el Alaska Legislative Council (Consejo Legislativo de Alaska) quien se tiene que hacer cargo de la investigación sino la State Personnel Board (Junta de Personal del Estado). Los demócratas a cargo de la investigación se negaron de nuevo y el día 16 de septiembre un portavoz de la campaña republicana anunció que Sarah definitivamente no iba a colaborar con la investigación de Branchflower. Y así concluyó la investigación de marras porque el 10 de octubre aparecieron sus conclusiones (la “october surprise” tal vez). Lo veremos en la siguiente entrada.

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