UN POCO DE SABIDURÍA POPULAR: AL EMBUSTERO, NI VERLO QUIERO (III)


 

Sarah Palin obligó a las víctimas de violaciones a que pagaran de su bolsillo los exámenes forenses necesarios

Si fuera cierto, no hay duda de que se trataría de una salvajada. Pero es que no es cierto. Al menos, tal y como la quisieron presentar en su momento los mentirosos de costumbre. La política al respecto, habitual en todo Estados Unidos, en miles y miles de localidades aparte de Wasilla, es que el coste de dichos exámenes sean cargados al seguro médico de la víctima, no a la propia víctima. Por supuesto, los medios de (des)información, cuando dieron la noticia, la dieron como si hubiera sido idea de Sarah y se aplicara en exclusiva en Wasilla. ¡Cómo no!

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Como ya hemos señalado, los blogs izquierdistas que dieron primero la noticia no se preocuparon mucho en comparar dicha política con la que se seguía en el resto de localidades de Estados Unidos (o sí que se preocuparon, pero como quiera que el resultado les hubiera estropeado la calumnia, prefirieron callarse).

ABrape

Un basuriblog. Sin comentarios. O tal vez sí: tápense la nariz, por favor.

ARrape

Otro basuriblog. Repito lo de antes: tápense la nariz, por favor.

Siguiendo el circuito habitual que ya llevamos tiempo viendo en esto de las Palin smears, en este caso la mentira también acabó saltando de los blogs a los medios de (des)información entre los cuales el The New York Times se lleva la palma, siempre tan presto a publicar cualquier noticia que tuviera que ver con Sarah con tal de que fuera mala (lo de si es falsa, eso ya no tiene ninguna importancia).

NYTrape

¡Demonios! ¿Qué sería de mí sin el The New York Times? ¿Con qué ilustraría yo entonces esta serie sobre mentiras y mentirosos?

La novedad que presentaba esta calumnia sobre las anteriores que ya hemos visto estriba en que ésta permitía atacar también a John McCain, aunque fuera de carambola, porque él, como senador, se había opuesto en dos ocasiones en el Senado a votar a favor de dos propuestas legislativas,  la HR 3355 (1994) y  la HR 3093 (2007), que proveían de fondos federales a los estados para sufragar el coste de los exámenes forenses necesarios. Sin embargo, como quiera que esas dos propuestas eran propuestas colectivas que se votaban en conjunto y que incluían muchas más partidas presupuestarias que las meramente destinadas a ese objetivo, nunca se pudo demostrar que McCain votara en contra de ellas por ese punto en concreto, el del coste de los exámenes forenses.

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¿Cuál es la verdad en esta ocasión? La verdad es que el coste de los exámenes forenses necesarios para acreditar una violación oscilaban entre 500 y 1.200 dólares en la fecha en que Sarah fue alcaldesa de Wasilla (1996-2002). La política de cargar el coste al seguro médico de la víctima, no a la víctima, era una política tradicional del estado de Alaska desde mucho antes de que Sarah llegara a la alcaldía y que nunca provocó ninguna queja ni ningún debate durante las reuniones del consejo municipal ni en los períodos electorales, cuando cualquier candidato podría haber puesto el tema sobre el tapete si es que tanto malestar provocaba, lo que no se produjo. Es más, en el caso concreto de Wasilla, ninguno de los abogados dedicados a este tipo de casos o a la defensa de los derechos de las mujeres pudo recordar un solo ejemplo durante los dos mandatos de Sarah en que se hubiera cargado el coste de los exámenes forenses a la víctima. De hecho, el presupuesto municipal para el departamento de Policía contemplaba siempre una partida destinada al pago de “evidence collection for sexual assaults” (recogida de muestras en casos de violación) dotada con un total de 1.000 dólares, habiendo sido recortada en más de la mitad de su importe habitual durante el mandato de Sarah.

En el año 2000, la cámara legislativa de Alaska estudió el caso y propuso una ley (HB 270) por la cual serían los distintos departamentos de policía de cada localidad los que asumirían obligatoriamente el coste de los exámenes forenses. Dicha propuesta fue finalmente aprobada y convertida en ley (SB 177) en 2001. Es cierto que el entonces jefe de Policía de Wasilla, Charlie Fannon, expresó públicamente su preocupación porque dicha obligación fuera a suponer un aumento de la carga fiscal del municipio:

In the past we’ve charged the cost of exams to the victim’s insurance company when possible. I just don’t want to see any more burden put on the taxpayer. Ultimately it is the criminal who should bear the burden of the added costs.

(En el pasado hemos cargado el coste de los exámenes a la cuenta del seguro médico de la víctima cuando esto ha sido posible. Simplemente no quiero echar más cargas fiscales sobre los hombros de los contribuyentes. En última instancia, es el criminal quien debería cargar con ese coste).

El jefe de Policía estimó entonces el coste que tendría para el municipio la nueva obligación entre unos 5.000 a 14.000 dólares anuales, lo que tal vez fuera una previsión exagerada dado que ese año 2000, Wasilla comunicó al FBI un único caso de violación.

Así pues, no es cierto que Sarah se inventara esa supuesta política de cargar a las víctimas con el coste de su reconocimiento médico. De todas formas, a partir del año 2000 cada municipio se vio obligado por ley a asumir esos costes, como hizo Wasilla sin que pasara absolutamente nada.

Otra mentira menos. Y van…

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